Cráteres en tierras deforestadas por minería ilegal en la tierra Indígena de Tenharim do Igarapé Preto, en el estado de Amazonas, Brasil.
La minería ilegal de casiterita en el territorio indígena Tenharim do Igarapé Preto en el estado de Amazona, Brasil, fue documentada en 2018. Crédito: Vinícius Mendonça/Ibama, CC-BY-NC-2.0

This is an authorized translation of an Eos article. Esta es una traducción al español autorizada de un artículo de Eos.

Actualmente la minería en territorios Indígenas está prohibida en la Amazonía Brasileña. Sin embargo, un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Brasil busca cambiarlo, y si tiene éxito convirtiéndose en ley, podría tener terribles consecuencias para pueblos Indígenas aislados, advierte una nueva investigación.

El proyecto de ley PL 191/2020 ampliaría las condiciones para llevar a cabo la investigación y la minería de recursos minerales y de hidrocarburos, así como el uso del recurso hídrico para la producción energética en territorios Indígenas. Para agosto del 2020, unos meses después de que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro apoyara el proyecto de ley, la Agencia Nacional de Minería de Brasil habría registrado 3,645 solicitudes mineras en tierras Indígenas habitadas por tribus aisladas en el Amazonas. De acuerdo con el estudio, publicado en la revista científica Global Environmental Change, esta actividad afectaría directamente a más de 10 millones de hectáreas, un área 30 veces el tamaño del Parque Nacional de Yosemite.

No obstante, de acuerdo con la autora principal del estudio, Sara Villén-Pérez, investigadora en biogeografía de la Universidad de Alcalá en España, este número podría estar subestimado. Además del impacto directo, explicó que “las actividades mineras tienen un gran impacto indirecto sobre la deforestación debido a que se estimula la construcción de carreteras y áreas urbanas para alojar trabajadores. Algunos estudios estiman que los efectos secundarios se podrían extender por encima de los 70 kilómetros alrededor del sitio de la mina”.

Villén-Pérez junto con sus colegas en Brasil y España compararon las solicitudes mineras recibidas ante la Agencia Nacional de Minería de Brasil hasta agosto del 2020 con la información de pueblos Indígenas aislados compiladas por el Instituto Socio-Ambiental, una organización civil para la defensa de los derechos humanos y ambientales en Brasil, y por la FUNAI, la Fundación Nacional Indígena de Brasil. Los investigadores consideraron tanto solicitudes de prospección mineral y de operación.

El equipo de investigadores encontró un importante traslape entre los territorios que albergan poblaciones Indígenas aisladas (aquellas sin contacto sostenido con comunidades aledañas) y las áreas de interés minero registradas; casi la mitad de los territorios Indígenas tienen solicitudes mineras. Estas regiones, en los estados de Amazonas, Pará y Roraima, se localizan en los escudos de Guiana y Brasil, las cuales son más abundantes en minerales que otras áreas de la cuenca Amazónica.

La intersección entre áreas de riqueza mineral y territorios Indígenas con presencia de tribus aisladas es desastrosa, advierten los autores. El reconocimiento de pueblos Indígenas aislados prácticamente se detuvo durante la administración de Bolsonaro, indica otro grupo de investigadores y este reconocimiento es crucial para su conservación. “Las compañías mineras presentan menos solicitudes en áreas con poblaciones reconocidas de tribus Indígenas aisladas. Esto refuerza la importancia de la labor de FUNAI para reconocer y mapear estos grupos”, Villén-Pérez afirma.

Derechos constitucionales

Los territorios Yanomami, Munduruku y Kayapó especialmente han estado bajo presión por décadas, sin embargo, las amenazas se han intensificado bajo la administración de Bolsonaro. Durante su candidatura presidencial en el 2018, Bolsonaro prometió “no demarcar un solo centímetro cuadrado más de territorios Indígenas”.

“En algunos lugares se puede observar minería ilegal operando a apenas 2 kilómetros de poblados Indígenas”

El antropólogo Fabio Ribeiro, coordinador del Frente de Protección Etno-ambiental Cuminapanema de FUNAI en el norte de Pará, advierte que además de las grandes empresas mineras presionando por leyes ambientales más flexibles, también hay “una epidemia de minería ilegal operando en toda la Amazonas”. En años recientes, el crimen organizado ha demostrado un especial interés en estas operaciones mineras a menor escala, trayendo una amenaza mayor al Amazonas y sus pueblos Indígenas. “En algunos lugares se puede observar minería ilegal operando a apenas 2 kilómetros de poblados Indígenas”, menciona.

Al otro lado de este tira y afloja está la Constitución Brasileña, que reconoce los derechos de autodeterminación de los pueblos Indígenas y a las tierras que tradicionalmente han habitado. El estado brasileño, de acuerdo con el artículo 231, debe “demarcar [estas tierras], proteger[las] y asegurar el respeto a toda propiedad [de los Pueblos Indígenas]”.

La aprobación del proyecto PL 191/2020 podría ser un golpe a estos derechos constitucionales. Expertos han expresado su preocupación en torno a que el proyecto de ley que no delimita el área que puede ser evaluada para prospección y operación, posiblemente legalizando operaciones de minería ilegal. Dos comunidades de la tribu de los Kayapó están particularmente en riesgo, afirma Villén-Pérez. “Más del 80% del territorio Xikin do Rio Cateté en el estado de Pará se encuentra bajo solicitud minera” explica la investigadora. Además, el territorio Indígena Baú, también en Pará, podría tener hasta un 80% de su territorio destinado para actividades mineras si el proyecto de ley es aprobado, de acuerdo con el estudio.

Una cascada de efectos negativos

La deforestación asociada a la industria minera, menciona Ribeiro, podría desencadenar una cascada de efectos negativos, especialmente en tribus Indígenas aisladas. “Ellos están profundamente integrados con su territorio y son altamente dependientes de su tierra y podrían tener un escaso acceso a recursos naturales debido a deforestación y contaminación fluvial”, dijo Ribeiro.

El incremento en el contacto con personas no Indígenas también representa un serio riesgo para la salud de tribus aisladas, quienes son epidemiológicamente más vulnerables a ciertos virus y enfermedades acarreados por forasteros, afirma Ribeiro.

“[La intoxicación por mercurio] es una contaminación silenciosa, crónica y lenta, que se disfraza con otros síntomas”

El uso de mercurio en minería también plantea un problema, de acuerdo con los autores. El neurocirujano Erik Jennings Simões, doctor que ha atendido al pueblo Zo’é en el norte de Pará desde el 2003, advierte que la exposición generalizada al mercurio afecta a pueblos Indígenas con o sin contacto externo por igual. Un estudio de 2020 de la Fundación Oswaldo Cruz y la WWF Brasil demostró que todos los integrantes del pueblo Munduruku, por ejemplo, presentan cierto nivel de contaminación por mercurio; 6 de cada 10 a niveles peligrosos.

“El mercurio ingresa a la dieta Indígena a través de pescado contaminado, causando intoxicación difusa, aún en pueblos lejos de las áreas mineras”, explicó Simões. Además, dijo, el mercurio es difícil de rastrear: “Es una contaminación silenciosa, crónica y lenta, que se disfraza con síntomas como depresión, irritabilidad, tremores, dificultad visual, de memoria y de concentración, que dan la falsa impresión de no contaminación”.

Recientemente Simões obtuvo la aprobación para establecer un centro de referencia para el estudio de enfermedades relacionadas con la exposición crónica al mercurio en Pará. “La Secretaría Especial [de Brasil] para la Salud Indígena, SESAI (por sus siglas en portugués), admite que este es un problema y están intentando atraer expertos para crear este centro de referencia. Este es un importante paso adelante a pesar de todos los retrocesos”.

Fuerzas financieras

De acuerdo con el periodista Maurício Angelo, fundador del Observatorio de Minería, las compañías mineras no son las únicas interesadas en aprobar el proyecto de ley PL 191/2020. Los bancos internacionales, que financian estas empresas, también son parte del juego.

Una investigación realizada por el grupo de vigilancia Observatorio de Minería, el año pasado, demostró que bancos alemanes invirtieron más de $1 billón de dólares en compañías mineras involucradas en conflictos socioambientales en Brasil, entre el 2016 y 2021. La firma británica Anglo American, una de las compañías mineras más grandes del mundo, fue la principal beneficiaria al recibir $627 millones de dólares del Commerzbank. Los bancos internacionales como HSBC, BNP Paribas, Barclays, UBS y Rabobank son también inversionistas de compañías como Vale do Rio Doce, BHP Billiton, Glencore y el Rio Tinto Group.

“Muchos de estos bancos son signatarios de los Principios de Responsabilidad Bancaria de las Nacionas Unidas y tienen sus propias agendas internas en sostenibilidad; y al mismo tiempo, tienen interés activo en mantener y expandir operaciones mineras”, menciona Angelo. “Si el proyecto de ley se aprueba, las solicitudes mineras, que ya son numerosas, podrían dispararse vertiginosamente y las operaciones ilegales se sentirán aún más legitimadas que ahora.”

—Meghie Rodrigues (@meghier), Escritora de ciencia

This translation by Pilar Madrigal Quesada (@Lapilli_55) and edited by Daniela Navarro Perez (@DanJoNavarro) was made possible by a partnership with Planeteando. Esta traducción fue posible gracias a una asociación con Planeteando.

Text © 2022. The authors. CC BY-NC-ND 3.0
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